l 5 de agosto, un día antes del primer informe del presidente Rodrigo Paz ante la Asamblea Legislativa, el Gobierno anunció la intervención de YPFB por ineptitud y corrupción. Casi un mes después, este martes 1 de septiembre se promulgó el Decerto Supremo 5697 que reglamenta la intervención de la empresa estratégica.
¿No encontraron a quien acepte ser interventor o interventora de YPFB entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre? El Decreto 5697 establece el funcionamiento de una comisión de intervención compuesta por cuatro ministerios del Órgano Ejecutivo y un viceministerio.
La comisión de intervención, según el nuevo decreto, está conformada por:
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Ministra o Ministro de Economía y Finanzas Públicas, o su representante
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Ministra o ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, o su representante
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Ministra o ministro de Hidrocarburos y Energías, o su representante
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Ministra o ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, o su representante
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Viceministra o viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de Presidencia.
El Decreto 5697 busca “proteger los intereses del Estado” y la“intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal” de la empresa estatal para “establecer mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia de la cadena logística de importación y distribución de carburantes”.
También remarca que la intervención “no implica la supresión de YPFB”, la modificación de su naturaleza jurídica ni de su estructura establecida en normativa vigente.
El 6 de agosto, en su discurso-informe, Paz anunció el nombramiento de un Alto Comisionado contra la corrupción que pondría énfasis en YPFB y la ANH, pero casi un mes después, la autoridad no ha sido designada. ¿No hay quien acepte asumir la tarea?
Yendo más atrás, el 15 de diciembre del año pasado Paz creó la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos para investigar la corrupción y las irregularidades en el sector energético durante los últimos 20 años. Han transcurrido más de ocho meses y no se conoce públicamente ni un solo informe de esa instancia.
