l paro anunciado para este lunes por el Órgano Judicial para obtener un aumento presupuestario del 0,35% al 5% anual no se materializó fruto de un acuerdo con el Ejecutivo. Lo que sí ocurrió es que el Tribunal Constitucional también se lanzó en la búsqueda de más presupuesto para el funcionamiento de la justicia constitucional en Bolivia.
La intención inicial del TCP es llegar a 100 millones de bolivianos y después presentar un presupuesto producto de un nuevo estudio. Este incremento será destinado a la modernización sus servicios, en términos tecnológicos, y a garantizar la dotación de insumos básicos, informó su presidenta, Paola Prudencio, al diario sucrense Correo del Sur.
“El TCP también requiere de un mayor presupuesto. El porcentaje está siendo analizado por las autoridades para después plantearlo ante el gobierno central. El presupuesto llega a 79 millones de bolivianos, pero, teniendo un incremento de hasta 100 millones, podemos funcionar”, apuntó la autoridad al aclarar que ese incremento es preliminar.
Después de que el Órgano Judicial iniciara gestiones para pasar del 0,35% al 5% del Presupuesto General del Estado, el TCP se planteó una ruta para lograr mayores recursos.
Prudencio explicó al diario de la capital del país que el tribunal que preside recibe menos del 0,2% de lo que percibe el Órgano Judicial, que en la cúpula contempla al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, y recordó que el Tribunal Constitucional y sus diversas instancias dependen orgánica, administrativa y económicamente de la justicia ordinaria.
Señaló que se necesita adquirir nuevos equipos tecnológícos y construir infraestructura propia y anticipó que se elaborará un informe técnico de viabilidad del nuevo presupuesto.
Por el momento, dijo, el descongestionamiento de causas es la prioridad institucional y que el exiguo presupuesto del Tribunal Constitucional es administrado con criterios de austeridad y eficiencia, pero ratificó que se harán gestiones para equilibrar el presupuesto en función a las necesidades primordiales.
La Presidenta del TCP indicó que el más alto tribunal de justicia constitucional de Bolivia ha sido relegado por la inacción de autoridades de las anteriores gestiones, que no advirtieron esta situación.
Tras haber sido creada hace 32 años, Prudencio lamentó que hasta el momento no cuenta con una infraestructura propia y señaló que el edificio donde funciona actualmente fue entregado en comodato por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Tiene capacidad para unas 120 personas, pero actualmente operan 300 funcionarios en varios niveles y áreas.
“Desde la gestión pasada vimos con preocupación y denunciamos que no contábamos ni siquiera con toners para las impresoras, hojas para imprimir las resoluciones… Necesitamos ingresar a la modernización tecnológica, eso también significa inversión de dinero”, agregó Prudencio.
