l inicio del tratamiento de la denominada ley antibloqueos ha puesto en estado de apronte a sectores sociales que utilizan y han utilizado los bloqueos carreteros para tomar como rehenes a miles de personas inocentes y afectar duramente a la economía del país. En el gobierno de Rodrigo Paz, la pretendida norma tiene respaldo mayoritario, pero también hay autoridades que la rechazan abiertamente.
Este miércoles, en una conferencia de prensa, dirigentes de la Federación de Mineros de Bolivia convocaron a los sectores afiliados y no afiliados a la COB a aprobar estado de emergencia ante el inicio del tratamiento de al menos dos proyectos de ley que serían compatibilizados en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja.
“El sector minero asalariado, el ejército de guardatojos, nos mantenemos en estado de emergencia nacional, en alerta y en pie de lucha hasta conseguir nuestros objetivos en favor del pueblo boliviano”, afirmó Andrés Paye, secretario ejecutivo de los mineros asalariados. Para el dirigente, la ley antibloqueos busca criminalizar la protesta social.
Dirigentes campesinos de Chuquisaca dijeron al periodista sucrense Iván Ramos que realizarán un bloqueo contra la ley antibloqueos en caso de que el tratamiento congresal avance y se encamine a la aprobación de una norma que podría sancionar por primera vez los bloqueos carreteros.
A esos sectores se han sumado dos autoridades del actual gobierno. Por un lado el vicepresidente, Edmand Lara, quien advirtió en uno de los tantos videos de TikTok que produce que por detrás está una estrategia persecutoria contra dirigentes con reivindicaciones legítimas. El viceministro de Cooperativas, Pánfilo Marca, también expresó públicamente su rechazo.
Al frente se encuentran otras autoridades gubernamentales, parlamentarios oficialistas y opositores, y periodistas de opinión como Amalia Pando y Edwin Cacho Herrera, quienes propusieron en el streaming Último Momento la convocatoria a un referéndum popular para que el soberano decida si la ley antibloqueos debe cobrar vigencia en el país.
Este miércoles, en Oruro, el presidente Rodrigo Paz se pronunció por la necesidad de poner fin a los bloqueos carreteros que impiden que inversiones extranjeras y el comercio internacional lleguen al país, dejando aclarado que ninguno de los proyectos de ley antibloqueos es de autoría de su administración.
“Si en el Beni bloquean o en Oruro bloquean o en La Paz bloquean, no va a pasar por acá (la mercadería), se va a ir por otro lado. Entonces hay que entender que más bien hay que permitir que entre esa mercadería y que sean parte de las inversiones que se vayan a desarrollar”, dijo tras un acto en la ciudad de Oruro.
Salvo el vicepresidente y el viceministro de Cooperativas, otras autoridades del Ejecutivo y parlamentarios del oficialismo coincidieron en señalar que es hora de poner en vigencia una ley que evite la vulneración de derechos colectivos mediante los bloqueos.
Carlos Alarcón, diputado de la alianza Unidad, también propuso un referéndum popular para que dilucide el tema y rechazó el argumento de que los bloqueos sean mecanismos de lucha social en países latinoamericanos y de otros continentes.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados tiene la tarea de compatibilizar los proyectos de ley presentados por Alarcón y la senadora Claudia Mallón de APB Súmate, aunque se habla de otras iniciativas legislativas en ese polémico tema.
