
l aspirante presidencial Jaime Dunn, cuya suerte será definida por el Tribunal Supremo Electoral tras una revisión de informes sobre su solvencia fiscal, advirtió con recurrir a las herramientas de la “justicia podrida” o recursos constitucionales que pueden paralizar el proceso electoral, que en caso de ser inhabilitado
“Si es que no sale la respuesta como tiene que ser, no nos queda que seguir con todos los recursos que esta justicia podrida tiene", dijo Dunn a El Deber Radio, mientras Benjamín Guzmán, su abogado, explicó a Datápolis y Encontrados que se pueden accionar recursos constitucionales como una acción de cumplimiento, un amparo constitucional u otro que recomiende la estrategia jurídica.
"Vamos a tener que usar esta justicia podrida, esta justicia manipulada y este sistema burocrático e inservible que solo sirve para perseguir. Vamos a usar las mismas herramientas de ese sistema para demostrar la verdad”, añadió Dunn.

Guzmán sostuvo que antes de ir a la justicia constitucional con la presentación de un recurso ante una sala constitucional cuyo fallo debe ir en revisión de manera inmediata al Tribunal Constitucional con mayoría de prorrogados, se podría interponer un recurso extraordinario de revisión ante el propio Tribunal Supremo Electoral para que revise su decisión, en caso de que disponga la inhabilitación del aspirante de NGP.
La Sala Plena del TSE se reúne desde media mañana para analizar la situación y de otros postulantes con situaciones similares y se prevé, según autoridades del Órgano Electoral, que la decisión sea tomada por votación de los vocales nacionales que asistan al encuentro y sea comunicada a la opinión pública mediante mecanismos de comunicación del TSE.
“No nos queda más que esperar, esa es la impotencia que tenemos los bolivianos, que tenemos que dejar hasta nuestra vida en manos de servidores públicos y de un sistema corrompido, hecho para perseguir y castigar”, sostuvo Dunn con cierta molestia.

“Pero bueno, ¿un ciudadano de a pie qué puede hacer? Nada más que esperar la respuesta, no podemos hacer nada, no tenemos la posibilidad de llamar al presidente, llamar aquí o allá, cosa que nunca haríamos, pero generalmente el poder se comunica, negocia, tranza; nosotros no”, afirmó.
Mientras Guzmán aseguró que la Constraloría General del Estado extendió un certificado de solvencia fiscal a Dunn, éste insistió en que no tiene “absolutamente ninguna” cuenta pendiente con el Estado y que cumple con el requisito de solvencia fiscal.
El abogado del aspirante calificó el informe de la Alcaldía de El Alto como malintencionado y con varios equívocos en su contenido. Dijo que es otro obstáculo en la accidentada candidatura del analista financiero desde que anunció su intención.
Entrevistado por Datápolis y Encontrados este lunes, Guzmán dijo que Dunn sorteó al menos dos grandes obstáculos y ahora enfrenta un informe que confunde sesgadamente el número de sentencias y pliegos de cargo, y los montos en una de las supuestas deudas pendientes de pago.
"Aparecieron 33 (casos), pudieron ser haber sido 333, ya es cuestión de hacer aparecer nomás pues. Estas cosas vienen de contratos de consultores que han hecho un trabajo y la responsabilidad que me queda a mí es solidaria, no son impuestos que debe Jaime Dunn, no son cosas que ha hecho Jaime Dunn, sino se llama responsabilidad solidaria”, aseguró.
“Había, por decirte, 50 consultores, cada uno hizo 10 informes y suman 500 informes. Entonces, desaparece un informe y se vuelve responsabilidad solidaria contra Jaime Dunn, por eso, más bien fueron 33, pudieron haber hecho desaparecer los 500 y yo tendría 500 procesos”, añadió.