l caso Consorcio se desinfla en cuanto a las medidas judiciales dispuestas para los implicados en el intento de defenestrar a una magistrada con un fallo amañado. De seis involucrados sometidos audiencias de medidas cautelares, solamente la exvocal de la justicia paceña Claudia Castro se encuentra cumpliendo detención preventiva.
Esta noche, tras diez horas de audiencia cautelar, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova, se benefició con la detención domiciliaria sin derecho a horarios laborales y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos.
Córdova se suma al magistrado suplente Iván Campero y al abogado Ramiro Uriarte, quienes también fueron beneficiados con detención domiciliaria y no se conoce si les aplicaron fianzas para ser trasladados a sus respectivas viviendas.
En el caso del exministro de Justicia, César Siles, si bien fue enviado con detención preventiva en el penal de Patacamaya, sufrió una descompensación tras la audiencia de medidas cautelares y luego fue sometido a una cirugía colorrectar.
Por tanto, no irá a la cárcel altiplánica por al menos 45 días de los cuatro meses que debe cumplir tras las rejas por su implicación en el consorcio de jueces y abogados que busca dar un golpe al Órgano Judicial.
Lo mismo ocurre con el juez del municipio paceño de Coroico Fernando Lea Plaza, quien fue enviado a detención preventiva en la cárce de San Pedro por seis meses, pero se encuentra internado en un centro médico con un cuadro de diabetes.
Claudia Castro también se descompensó cuando escucho que debe cumplir cuatro meses de detención prventiva en el Centro Femenino de Obrajes. Fue llevada a una clínica de la zona Sur de La Paz, pero días después fue llevada al penal donde se encuentra desde la semana pasada.
Luis Carlos Torrez, fiscal departamental de La Paz, dijo que el séptimo implicado: Antonio La Fuente Amelunge, sobre quien pesa una orden de aprehensión, ha desaparecido y dijo que hay otros dos implicados, un abogado y un funcionario judicial.
