n las próximas elecciones, necesitamos contar con los ciudadanos que ejercen la soberanía en los territorios; la condición para que los Departamentos sean autonómicos, está en que ella se practique a plenitud en los municipios donde la gente vive.
Para avanzar en esta construcción, debemos aceptar que somos una sociedad que habita en ciudades. El mandato de la demografía así lo demuestra, mientras el Estado no cuenta con políticas públicas urbanas. Ninguno de los 343 gobiernos locales tiene cobertura plena de agua potable, alcantarillado, recolección de residuos, ni ha desarrollado Catastro Multifinalitario integrado a Sistemas de Información Territorial (SIT), que le permita planificar y ordenar el territorio en favor de sus vecinos.
Los Censos, muestran la evolución poblacional:
1950, Rural 74%, urbano 26%
1983, 50% rural, 50% urbano (ajuste)
2024, 80% urbano, 20% rural (el ajuste electoral demuestra que la persona vota donde vive y trabaja, que no siempre corresponde a donde decidió censarse) 2034, 90% urbano, 10% rural (proyección)
La realidad que muestra dónde vive la gente, supera los discursos, posiciones ideológicas, voluntad de gobernantes y organismos internacionales, y habrá que decirlo, no es consecuencia de políticas públicas ni de planificación de los PGDES.
En consecuencia, estamos obligados a realizar un ajuste a la propuesta "originaria indígena campesina" en cuyo nombre se gobernó desde el 2006, que no logró retener a la población en el territorio rural por ausencia de servicios públicos y condiciones productivas, ni apoyó la dotación de servicios urbanos básicos en las regiones metropolitanas, capitales y ciudades intermedias receptoras de migración.
Debemos reconocer que los actores rurales al migrar, modifican su modo de vida y de producción y ello nos presenta nuevos retos que no son sencillos. Por ello, necesitamos incorporar el debate urbano con los candidatos a gobernadores y alcaldes para profundizar la autonomía y la gobernanza territorial que aportan los municipios.
Llegamos a este momento reconociendo que la madurez ciudadana impidió la tragedia que predecían los agoreros. Antes de las elecciones nacionales, todos los candidatos aceptaban que sería complicado lo que vendría después del 17 de agosto y debemos admitir que estamos viviendo una suerte de cordura colectiva que no se debe a la ausencia de conflictos pues los problemas de fondo recién están por enfrentarse; el gobierno no cuenta todavía con una institucionalidad sólida que lo respalde, continuando con la burocracia heredada del MAS; evaluando estas circunstancias, comprobamos que la movilización contra el DS 5503 siguió procedimientos conocidos y fue resuelta por la voluntad de los actores, en tiempos y condiciones prudentes, sin extremos de violencia.
Si incorporamos el proceso electoral a este escenario, ¿podríamos afirmar que la sociedad reconoce la gravedad de la crisis, y prefiere el diálogo para superar los conflictos? Si la premisa fuese cierta, este parece el momento para realizar una propuesta disruptiva que ayude a reconstruir la cohesión social.
Sabemos el valor del agua en las culturas rurales productivas. Y recién estamos descubriendo el potencial integral del Carnaval en economía, cultura, tradición, gastronomía, cohesión social y turismo, con una lista exquisita que se expresa en: confección de casacas, dominós, polleras, diablos, caporales, tipoy, camijetas; arreglo de carros alegóricos; bandas musicales, tamboritas, bombillas; comida y bebida durante los ensayos, los prestes, las precas, el corso, los 3 días y los entierros; el fastuoso Carnaval de Oruro, el jueves de Comadre de Tarija, los 300.000 comparseros del cambodromo en Santa Cruz; los pepinos de La Paz; el Corso de Corsos de Cochabamba…
Entonces, restablecida la venta de carburantes, equilibrado razonablemente el dólar, y produciéndose en estos meses tres circunstancias valoradas colectivamente, la lluvia que demanda siembra indefectible, el carnaval como espíritu que moviliza la creatividad popular, y el XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” como cultura viva, ¿podríamos demandar en nombre del interés nacional, un compromiso que suspenda los bloqueos durante el carnaval, las elecciones, el cambio de autoridades autonómicas y el Festival de Música Barroca en Chiquitos? ¿Podríamos hacer un experimento social colectivo que declare a Bolivia “territorio libre de bloqueos” hasta el 31 de mayo, para invitar al mundo a celebrar con nosotros?
Recordando que TODOS los candidatos apoyan al turismo, como parte de su campaña tendrían que expresar un compromiso sencillo y contundente: buscar resolver los conflictos de la democracia, si los hubiera, negociando. ¡Qué regalo más generoso a la Bolivia autonómica que está naciendo!
Con ese resultado razonablemente posible, Ministra de Turismo, “Bolivia, una gran nación”, CEPAD, “Tarija Dialoga”, toda la red de actores integrantes del turismo, medios de comunicación y RRSS podríamos sumarle a la “Marca País”, paz en el territorio, capacidad negociadora de los líderes y compromiso colectivo de la sociedad.
Carlos Hugo Molina es abogado e investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
