ay muchísimos argumentos para escribir sobre la porquería que es el sistema judicial boliviano. Quedaríamos agotados con los detalles sobre el rol que juegan los legisladores en su concurso de ineficiencia y de oídos sordos. Lo mismo sobre la ausencia de urgencia que el gobierno exhibe frente a los asuntos de emergencia nacional. Y, como ya muchos dijeron, la historia de la mafia del narcotráfico en Bolivia es muy superior que cualquier otra serie de streaming. ¡La indignación ya no basta!
Pero no. Como ocurre con los temas importantes en el país, hoy estamos asistiendo a otro momento de frustración, pues queda marginado y sin apoyo. Me refiero a un paso pequeño que pretendió dar el Ministerio de Educación y que está a un paso de fracasar: El traspaso de los institutos de educación técnica a las gobernaciones departamentales. Un intento de avance chico, pero muy significativo.
La educación boliviana requiere de una transformación radical, para aspirar a mejorar nuestra condición de país rezagado y dependiente, como para mejorar la calidad de vida de los hijos de esta tierra. Pero hasta ahora, los intentos por mejorarla han fracasado. Y esta semana está a punto de repetirse la tragedia.
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, impulsó un proyecto de ley para que las gobernaciones administren la infraestructura, los recursos humanos y el pensum de formación de los institutos de educación técnica, como el famoso Pedro Domingo Murillo de La Paz. Maravilla de idea, si se trata de que las propias regiones empiecen a definir la formación de sus técnicos, a partir de sus necesidades y vocaciones particular, más si se busca que la burocracia centralista impida resolver cuestiones imprescindibles como el pago de servicios, la extensión de un permiso o la extensión de algún certificado.
Los potenciales carpinteros o metalmecánicos de El Alto requieren de un enfoque especializado para que sus destrezas sean potencializadas, al igual que los gastrónomos de Cochabamba o los técnicos agroindustriales de Santa Cruz. Pero aquello sólo es posible en un país donde el sentido común tenga espacio, en Bolivia no ocurre aquello.
Y esto ocurre simplemente por quienes no quieren perder los privilegios del sindicalismo y por las autoridades que no le dan la importancia necesaria a la transformación de la educación. No es reciente, este es un problema que lleva cuando menos décadas.
Los dirigentes del magisterio nacional, sean rurales o urbanos, son responsables de primera línea del absoluto rezago de la educación. Ideologizados, se oponen a cualquier cambio del sistema educativa porque creen que afectará sus privilegios. Aquellos jamás se van a movilizar por una mejor educación, sino para aumentar las horas de trabajo, para defender el ascenso automático de categoría, mejorar el salario y conquistar cualquier derecho que les permita ser reconocidos por sus bases como BUENOS SINDICALISTAS.
Por otro lado, las autoridades de gobierno pregonan que la educación es un asunto de prioridad nacional, pero no hacen más. Desde la recuperación de la democracia boliviana, en 1982, casi todos los presidentes han preferido ignorar el desafío de mejorar la educación. Han preferido ocuparse de otros asuntos más rentables en términos de votos. Ahora mismo, ¿dónde están las autoridades que demandan mayor autonomía? ¿por qué no salen a exigir esta transferencia?
La calidad de la educación boliviana estará cada vez peor mientras la dirigencia sindical solo piense en cuidar pegas y busque mejores ingresos y mientras las autoridades calculen y lleguen a la conclusión de que cambiarla es un mal negocio. Quizás precisamente por este cálculo, las actuales autoridades han optado por dejar que el proyecto impulsado desde el Ministerio de Educación quede en suspenso. No se arriesgan a ver una marcha de cacerolas vacías protagonizadas por los “trabajadores de educación”.
Así, ojalá este primer paso del Ministerio de Educación halle un mejor derrotero y no sea archivado de manera definitiva. Cambiar la educación debe ser prioridad de todos y con el mayor sentido de urgencia, pero para aquello, hace falta convencernos.
Grover Yapura Aruquipa es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
