Las modificaciones al PGE 2026 se justifican como una respuesta necesaria para adecuar el presupuesto a las condiciones económicas reales del país”, se lee en el documento que el Ministerio de Economía remitió a la Asamblea Legislativa. La frase promete realismo, ajuste y responsabilidad.
Pero al revisar el contenido, el Presupuesto General del Estado (PGE 2026) dice más por lo que calla que por lo que muestra.
Recordemos que el equipo económico de Rodrigo Paz anunció desde un inicio que reformularía “desde cero” el presupuesto heredado de su predecesor y aprobado solo de manera provisional. Para ello, se plantearon dos grandes retos: ordenar las finanzas públicas y recortar el déficit fiscal en un 30% o más. La promesa oficial era que el PGE reformulado sería el principal instrumento de política fiscal para sentar las bases del ajuste estructural.
Por eso, la reformulación despertó altas expectativas. Pero, la versión enviada al Parlamento desconcierta de entrada por una omisión difícil de aceptar: no consigna el déficit fiscal, ni como número absoluto, ni como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En una economía en crisis, la ausencia de un ancla fiscal decisiva equivale a conducir por la carretera sin indicador de combustible y sin saber dónde está la próxima estación de servicio.
La única pista que existe proviene de declaraciones previas del ministro de Economía, quien señaló que el déficit fiscal rondaría el 9% del PIB. Eso sugiere que el dato ya estaba estimado. Entonces, ¿por qué no ha sido plasmado en papel? No es solo una omisión inaceptable, sino también una señal inquietante de posibles inconsistencias en el diseño presupuestario.
Finalmente, se podría subsanar la ausencia del déficit reconstruyéndolo a partir de los datos disponibles. Pero aquí aparece una dificultad. El PGE se presenta únicamente en formato agregado, sin el consolidado. La exposición de ambas versiones facilita la lectura de las cuentas fiscales y es una recomendación de manual. Aun así, es posible calcular, aunque sin la precisión deseable.
El ejercicio que ensayé para escribir esta columna arroja un déficit cercano a 55.000 millones de bolivianos. Después me encontré con una nota de prensa del propio ministerio que lo cifra en 47.024 millones de bolivianos, pero, de nuevo, este dato tampoco figura en el documento oficial. En cualquier caso, ambas estimaciones apuntan a un déficit que podría estar oscilando entre el 9% y el 11% del PIB nominal. Es decir, en 2026 seguiremos al borde del precipicio.
Otro talón de Aquiles del PGE reformulado es que se compara sistemáticamente con el Presupuesto original, ese que fue aprobado de manera provisional y que cosechó las miradas despectivas del gobierno entrante. Si la versión heredada ya estaba plagada de datos ficticios y supuestos irreales, ¿por qué la manía de mirarse en ese espejo roto? La comparación pierde valor analítico porque lo que corresponde, en realidad, es contrastar el presupuesto programado con el presupuesto ejecutado del año anterior.
Esta insistencia de mirarse en el espejo roto puede interpretarse de dos maneras. Como una negación del equipo económico a enfrentar la cruda realidad (datos reales del 2025), o como una estrategia pensada para crear la apariencia de que el recorte fiscal supera el 30% prometido. Dedicaron tiempo y recursos valiosos para recalcular el déficit fiscal del presupuesto provisional, lo cifraron en 15,8%, tomaron este número como punto de partida, todo esto, para decir que el recorte del déficit alcanza 6,6 puntos porcentuales. Se tomaron la molestia de calcular el déficit fiscal de un presupuesto que ya estaba en la papelera de reciclaje, pero no hicieron lo mismo para poner por escrito el déficit del PGE reformulado.
Si cabe una recomendación para el Ministerio de Economía, esta sería que deje los espejos rotos e incorpore el déficit fiscal en el PGE 2026. Consolide las cuentas y compare los resultados con la ejecución real. Tiene una responsabilidad histórica. El país observa, exige y lo necesita.
Gonzalo Colque Fernández es economista e investigador de la Fundación Tierra.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
