l bloqueo de más de 50 días en nuestro país dejó de ser una anécdota política para convertirse en una profunda herida económica, social y emocional. Según un informe oficial, durante este periodo las pérdidas en el país se estimaron en 14 mil millones de bolivianos, siendo el rubro del turismo el más afectado, con una pérdida aproximada de 130 millones de dólares, además de la exportación que tocó su nivel más crítico.
Dentro de los departamentos más afectados, se encuentra la sede de gobierno, La Paz, donde el desabastecimiento y las largas filas copaban los titulares informativos a la par de las discusiones políticas.
El daño ya está hecho, en cada enfermo que no pudo recibir sus medicamentos a tiempo o tuvo que reprogramar una cirugía, en cada familia que sin otra opción ajustó el cinturón reduciendo las raciones de alimentos, en cada estudiante que dejó el colegio por seguridad antes protestas, en cada emprendedor que se vió obligado a cerrar su negocio, en aquel trabajador que fue despedido porque la empresa perdió liquidez o el cuentapropista cuyos ingresos diarios se esfumaron ante el conflicto; las heridas quedan y aun se ven en el ornato público destruido y los muros derrumbados en alguna institución pública.
El cese de bloqueos y la recuperación de la normalidad para el daño sufrido en La Paz son insuficientes, la compensación debe ser de la misma magnitud, pues la sede de gobierno fue la principal víctima de una crisis que trascendió lo local y afectó al conjunto del país.
Esta compensación debe traducirse en inversiones estratégicas que transformen su presente y futuro, programas de infraestructura urbana que modernicen su red vial y fortalezcan su integración, transformación integral de mercados, instituciones y espacios públicos que impulsen la economía popular y, ante todo, la diversificación de su matriz económica.
Durante décadas, La Paz ha dependido en gran medida del aparato estatal y del comercio; la crisis reciente demostró que esa dependencia la vuelve especialmente vulnerable cuando el país se paraliza, por lo que se hace indispensable que se apueste por una economía basada en el conocimiento, la innovación, la industria cultural, el turismo de alto valor, la tecnología, los servicios empresariales y los emprendimientos creativos.
Sin duda, las grandes crisis también ofrecen grandes oportunidades; si el Estado reconoce que La Paz soportó el mayor impacto de estos 52 días de aislamiento, corresponde que esa respuesta sea una agenda excepcional de inversiones que multiplique empleo, competitividad y desarrollo; no solo una agenda que busque apagar incendios.
No son privilegios, es justicia territorial.
Así como en distintos momentos de la historia boliviana el Estado invirtió donde las circunstancias lo exigían, hoy corresponde hacerlo con La Paz. Porque cuando una ciudad sostiene el peso de una crisis nacional, también debe recibir el respaldo nacional para levantarse.
¡Oh, linda La Paz! Hoy se te deben obras que permanezcan por décadas, inversiones que generen riqueza y políticas públicas que te devuelvan el tiempo, las oportunidades y la confianza perdida; hoy sobran los discursos de consuelo.
Azucena Fuertes es quechua, Comunicadora, Trabajadora Social y Especialista en Cooperación Internacional para el desarrollo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
