l debate sobre una nueva Ley de Hidrocarburos ha vuelto al centro de la discusión pública, y no es casual. Bolivia enfrenta hoy una realidad compleja: caída sostenida de reservas, menor producción y crecientes dificultades para sostener el funcionamiento del sector en el tiempo. En ese contexto, discutir cambios no solo es pertinente, es inevitable.
Sin embargo, hay un punto que muchas veces se deja en segundo plano y que debería ser el inicio de cualquier análisis serio: el modelo hidrocarburífero vigente no nace únicamente de una ley o de un “decreto de nacionalización”, sino de una decisión política y social más profunda. El referéndum de 2004 y su posterior incorporación en la Constitución definieron un esquema en el que el Estado ejerce la propiedad sobre el recurso, su producción, concentra la comercialización, asume la dirección de la política sectorial y permite la participación privada bajo condiciones específicas. Ese diseño no es accesorio; es la estructura sobre la que opera todo el sector.
Por eso, varias de las propuestas que hoy se plantean —desde la modificación de contratos hasta la redefinición de roles dentro de la cadena productiva— no pueden leerse como simples ajustes técnicos. En muchos casos implican cambios que tocan las bases del modelo y, por tanto, trascienden lo económico para entrar en el terreno constitucional e institucional. Aquí aparece una pregunta que ordena el debate: ¿queremos mejorar el modelo, cambiar sus bases… o intentar hacer ambas cosas al mismo tiempo?
La diferencia no es menor. Porque si el objetivo es modificar sus fundamentos, el camino no puede limitarse a ajustes normativos o contractuales. Se necesita coherencia entre el alcance del cambio y el instrumento que lo haga viable. De lo contrario, se corre el riesgo de construir soluciones que respondan a la urgencia del momento, pero que no se sostengan en el tiempo.
Y es precisamente la urgencia lo que hoy presiona con mayor fuerza. Producción, inversión, abastecimiento y restricciones fiscales obligan a tomar decisiones rápidas. Pero lo urgente no siempre coincide con lo necesario. Lo necesario — aunque menos visible— tiene que ver con la coherencia del modelo, su sostenibilidad y su compatibilidad con el marco constitucional. Ignorar esa dimensión puede dar lugar a soluciones aparentes que, en la práctica, solo trasladan los problemas hacia adelante.
A esto se suma un elemento que empieza a hacerse evidente en la coyuntura reciente: la capacidad de implementación. Porque un modelo no funciona por definición, funciona en la medida en que existen instituciones capaces de sostenerlo, decisiones consistentes en el tiempo y condiciones operativas para ejecutarlo. Cuando esas variables fallan, el problema deja de ser únicamente de diseño.
En ese sentido, tampoco ayuda simplificar el debate a partir de generalizaciones. El sector no es un bloque homogéneo. En él conviven debilidades institucionales, pero también capacidades técnicas acumuladas a lo largo del tiempo, marcadas por distintos ciclos que han dejado huellas en su capital humano. Cualquier proceso de transformación va a requerir no solo cambios en las reglas, sino también la reconstrucción y el aprovechamiento de esas capacidades.
Por eso, la discusión sobre la nueva Ley de Hidrocarburos no debería limitarse a definir qué cambiar. Debería, sobre todo, responder a una pregunta más exigente: ¿cómo hacer viable ese cambio? Porque en este punto, el desafío del sector no es únicamente normativo, es también institucional.
Y al final, queda una pregunta que no es menor: si el modelo vigente tiene un origen democrático, ¿es posible transformarlo sin reconstruir también esa legitimidad?
Raúl Mayta Jiménez es Ingeniero geólogo y exviceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
