
un año de que Rodrigo Paz Pereira asumiera la presidencia de nuestro país, vale la pena detenernos a analizar —como debimos hacerlo desde el primer día de su mandato— qué clase de gobierno íbamos a tener y cuál es el verdadero rol histórico que le toca cumplir en este momento.
Para entender el presente, hay que mirar con honestidad de dónde venimos. Durante veinte años, Bolivia estuvo bajo un régimen de línea socialista que se dedicó a cosechar el trabajo que habían sembrado gobiernos anteriores, atribuyéndose como propios logros que no le pertenecían. Basta revisar la historia sin apasionamientos: los beneficios sociales en efectivo no nacieron en 2006.
En los años noventa ya se habían sentado las bases con el bono para personas no videntes en la gestión de Jaime Paz Zamora y, sobre todo, con el histórico Bonosol creado por Gonzalo Sánchez de Lozada —al que el masismo simplemente le cambió de nombre por Renta Dignidad—, además del Bolivida y los seguros gratuitos materno-infantiles y de vejez impulsados entre Sánchez de Lozada y el general Hugo Banzer.
Lo mismo ocurrió con la mayor fuente de riqueza del país: el gas. Todos los megacampos que sostuvieron la bonanza económica —como San Alberto, Sábalo, Margarita o Incahuasi— fueron descubiertos, explorados y puestos en marcha entre los años noventa y principios de los dos mil, junto con la construcción del gasoducto al Brasil. El Movimiento Al Socialismo (MAS) no creó esa opulencia; llegó a sentarse a cobrar las regalías de un trabajo ya hecho.
Sin embargo, lejos de administrar esa bonanza con visión de Estado, durante dos décadas se dedicaron a disfrutarla sin medida, a manipular el sistema judicial y electoral a su antojo, a desestabilizar la institucionalidad y a perseguir a quienes pensaban distinto. El saldo de esos veinte años fue devastador: el narcotráfico se incrementó en más de un 200%, la delincuencia se desbordó hasta golpear diariamente nuestras calles y unos pocos llenaron sus bolsillos a costa del país.
Dejaron atrás una deuda asfixiante, fábricas estatales convertidas en ruinas y un sector privado golpeado hasta la quiebra; miles de emprendedores y empresas formales tuvieron que cerrar sus puertas asfixiados por el abuso impositivo, las multas desmedidas del Servicio de Impuestos y las trabas y cobros de la Aduana, dejando a innumerables familias sin fuente de trabajo. A ello se suma una industria hidrocarburífera exprimida sin haber invertido jamás en exploración real, llevándonos hoy al nivel más bajo de reservas probadas en dos décadas.
Ese es el país herido y saqueado que recibió Rodrigo Paz Pereira —un escenario en el que cualquier otro gobierno que hubiese entrado, siendo opuesto a la línea del MAS, habría tenido que pasar exactamente por lo mismo—. Por eso, al cumplirse este primer año de gestión, los bolivianos debemos tener muy claro que este es un gobierno de transición, no una varita mágica capaz de resolverlo todo de la noche a la mañana.
Destruir un país en veinte años fue fácil; reconstruirlo será una tarea titánica. Una reestructuración profunda para volver a ser una nación con bonanza, con instituciones sólidas, seguridad y verdadero futuro nos va a tomar, posiblemente, al menos diez años de trabajo serio y sostenido. Como sociedad, no podemos caer en la trampa de exigir soluciones instantáneas ni milagros económicos inmediatos frente a semejante herencia.
El papel de este gobierno de transición es sentar las bases, ordenar la casa y frenar la caída. Incluso el próximo gobierno —o los dos próximos gobiernos que vengan— tendrán que seguir trabajando arduamente en esta etapa de reconstrucción y saneamiento, y recién después de ese esfuerzo sostenido volveremos a tener un país con opulencia y prosperidad. Entender que estamos apenas dando los primeros pasos de este proceso es fundamental para no perder la paciencia, mantener el rumbo y construir, entre todos, la Bolivia que realmente queremos.
Quedó muy bien enlazado porque muestra el contraste completo: mientras el Estado despilfarraba y creaba empresas estatales ruinosas, al sector privado que sí generaba trabajo lo asfixiaron con Impuestos y Aduana.
Patricia Herrera Barrientos es presidenta de la organización Poder Mujer.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
