ntre el Ecuador, que era un país de paz y el que se hizo inmensamente violento, pasó poco más de un año. Las explicaciones de expertos y analistas eran casi una crónica roja; ninguna tocaba elementos estructurales.
¿Qué había pasado? Una franca guerra territorial entre bandas tras el asesinato de uno de los líderes más poderosos de la costa ecuatoriana; el cambio presidencial, Guillermo Lasso iniciaba su trunca gestión; era el primer año en que el correísmo estaba totalmente fuera del poder; una economía dolarizada; buenas carreteras primarias y secundarias; y dos puertos con una importante actividad de exportación de banano, camarón y otros productos.
A ello se sumaba el sangriento motín en la cárcel del Litoral, pocos meses después de la posesión del nuevo presidente, y, más tarde, el magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial.
Los datos “duros” sobre las condiciones de vida no coincidían con el incremento de la violencia. Tomemos 2025, el año más violento de un periodo de cinco años de crecimiento sostenido: el país alcanzó una tasa récord de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras la pobreza por ingresos bajó al 21,4%, el desempleo anual se situó en 3,6% y el empleo adecuado subió de 35,9% a 37,1%.
La pobreza multidimensional, que incorpora carencias de educación, empleo, salud, vivienda y servicios básicos, también disminuyó del 24,2% al 21,8%. La precariedad afecta, sin duda, a millones de personas, pero no se agravó en la misma proporción ni con la misma velocidad que los homicidios. La explicación no estaba ahí. Algo distinto estaba pasando.
El cambio de Ecuador fue casi de la noche a la mañana. La violencia se instaló y no hizo más que crecer. No anticipamos el fenómeno ni los ciudadanos ni las autoridades.
Un estudio de Prosegur Research, elaborado con información del Instituto Igarapé, intenta descubrir por qué Latinoamérica concentra 17 de los 20 países más violentos del planeta.
El estudio llega a una conclusión sorprendente: los niveles “duros” de las condiciones de vida no son las causas de la violencia. Lo son las condiciones “blandas”.
Las estructuras del crimen organizado requieren países al borde del abismo, poco sólidos, pero no Estados fallidos. Necesitan caminos, infraestructura, banca, sistemas financieros funcionando y comercio. También necesitan un sistema de valores laxo, asentado en los privilegios y no en las leyes. Países donde las consecuencias solo son para quienes no tienen “muñeca”, poder o plata.
América Latina parece haber desarrollado una relación ambigua con la ley, así como Ecuador y Bolivia. Admiramos al que evade controles. Celebramos al que consigue influencias. Justificamos al que obtiene beneficios mediante contactos.
El problema no es solamente la existencia de corrupción, sino su normalización y la falta de consecuencias. Cuando la transgresión deja de ser excepcional y comienza a percibirse como una habilidad, la frontera moral entre el comportamiento legítimo y el ilegítimo se vuelve difusa.
Y, para aumentar el pesar, el crimen organizado ofrece algo que la economía formal muchas veces no puede prometer, velocidad. Dinero rápido. Prestigio inmediato. Acceso acelerado a bienes y reconocimiento social.
No es difícil imaginar a un adolescente concluyendo que el camino legal le ofrece veinte años de sacrificio para alcanzar una estabilidad incierta, mientras el criminal le promete resultados visibles en cuestión de meses.
Aprendiendo de Ecuador, el ritmo con que crece la violencia no respeta lógicas. Ayer eran tres, hoy 20 y mañana no sabemos. Quizá el eje de la discusión, hoy en Bolivia, debería pasar por cómo acabar con la impunidad, y no solo por mejorar las condiciones de vida de la población o aumentar la securitización del Estado.
María José Rodríguez Beller es periodista y experta en comunicación en crisis.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
